El affaire Luis Carlos Restrepo: seamos serios

El estado democrático, social y derecho solo tiene sentido si se sustenta en el imperio de la ley y en la presunción de inocencia. La idea de que el excomisionado Luis Carlos Restrepo se enriqueciera con la rendición de la Cacica Gaitana repugna a la razón y lo justo es rechazarla mientras no haya pruebas concluyentes de que tan vomitiva actuación realmente ocurriera.

Solivianta igualmente la razón que solamente las declaraciones de Felipe Alejandro Salazar (a) Biófilo, un terrorista intelectualizado, afectado por sus lecturas revolucionarias tanto como Alonso Quijano por las novelas de caballerías y amour courtois, sean el principal motor y sustento de la acusación de la fiscalía. El principio básico en derecho sigue siendo que el que acusa debe probar y en este caso las pruebas parecen bastante endebles.

Las acusaciones (peculado o apropiación indebida de dinero del estado, concierto para delinquir, fraude procesal y fabricación, tráfico y porte de armas privativas del ejército) que se le imputan resultan muy poco creíbles y escasamente sustanciables jurídicamente, salvo que hubiera pruebas sólidas y convincentes y, en tal caso, la fiscalía haría bien en comunicarlas fehacientemente a la defensa y a los medios de comunicación para que se pudieran evaluar digna y objetivamente.

żCree la fiscalía que el excomisionado fabricó y vendió armas militares? Es ridículo. Acaso sí las portara, lo que en las circunstancias en que la peripecia ocurrió era poco menos que la mínima medida de seguridad personal a tomar para salvaguardar la vida del excomisionado porque conviene no olvidar que LCR se jugaba la vida a cada minuto en el proceso. Así, pues y en todo caso, no se realizaron los débidos trámites y Restrepo accedió a las armas sin el preceptivo permiso escrito. żEs delito o irregularidad burocrática?

Por otra parte, si la fiscalía insiste en dar mayor credibilidad a las declaraciones de los terroristas y delincuentes, por más lecturas que tengan, frente a los que actuaron en nombre del estado y la ley, debería tener en cuenta dos consideraciones de importancia.

La primera es el dańo que está causando al tercer poder del estado, el judicial, ya bastante desacreditado en Colombia. la responsabilidad profesional de la fiscalía debe empujar a su departamento a buscar menos titulares y declaraciones audiovisuales y más eficacia probatoria: su labor es fundamental en cualquier democracia que se precie porque es quien defiende al ciudadano de los desmanes de cualquier clase y, por eso mismo, debe ser escrupulosa con sus actuaciones.

La segunda es la lógica de su irracionalidad: si la fiscalía cree a unos delincuentes, quizás debería creerles a todos. Nos referimos a las declaraciones de Raúl Agudelo Medina, (a) 'Olivo Saldańa' que denuncia públicamente en estos días que él personalmente fue presionado en diciembre por abogados de la fiscalía (sic) para que declarara contra el excomisionado y lo inculpara. "[...] Aquí lo que hay es una venganza contra el Dr. Restrepo por parte de una tenaza de las FARC, los paras y la Fiscalía", declaró en una frase en la que la Fiscalía queda al mismo nivel que los terroristas.

Y puesto que la visita para presionar a Saldańa se realizó en su celda de La Picota, es natural suponer que habrá constancia documental en el registro oficial de entrada y visitas. Y si no lo hubiere, aplicando la absurda lógica de la fiscalía, habrá que pensar que quienes mienten son las autoridades y no Saldańa. Quizás, entonces, la fiscalía debería autoinculparse y autodetenerse.

Por potra parte, queda la fuga del excomisionado. No es de recibo ni aceptable que quien convenció, trabajó y luchó porque los terroristas se desmovilizaran, entregaran sus armas y creyeran en la justicia ahora salga por piernas como un delincuente y descreyendo de la justicia. Que solicite recurso de amparo del tribunal supremo si es necesario, pero que se presente: la ley es la ley y debe serlo para todos. Se rumora que está con depresión porque la "situación le dio muy duro". Bueno, pues como psiquiatra que se recete una pepa de Prozac todas las mańanas y quen se deje de nińadas: Colombia puede -y debe- garantizar su seguridad jurídica, procesal y personal.