El Tribunal Supremo ha condenado al juez Baltasar Garzón a 11 años de
inhabilitación en el ejercicio de su cargo por autorizar la intervención
de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas de la
trama 'Gürtel' con sus abogados
El fallo fue comunicado personalmente al aún titular del Juzgado
Central de Instrucción número 5, que se desplazó esta mañana a la sede
del Tribunal Supremo. Tras conocer la sentencia, un poco antes de las ocho de la mañana (14:00 hora de España), Garzón abandonó con semblante serio el alto tribunal sin realizar declaraciones.
El tribunal, presidido por el magistrado Joaquín Giménez, dio a conocer este jueves la sentencia, que tiene como ponente al juez Miguel Colmenero. Completaban la Sala los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Manuel Berdugo, Manuel Marchena como instructor del caso de los cobros de Nueva York y Luciano Varela, instructor de la causa contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo--.
Se trata de la primera causa contra el juez por un delito de prevaricación y otro de escuchas y
grabación con violación de las garantías constitucionales.
Durante el juicio, celebrado desde el 17 al 19 de enero, el juez
se declaró inocente, aseguró que en todo momento garantizó el derecho
de defensa de los investigados y dijo asumir "todas y cada una de las
decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la
más estricta legalidad".
El abogado de la acusación Ignacio Peláez, defensor del empresario imputado en el caso Gürtel José Luis Ulibarri
y autor de la querella inicial que dio lugar a este procedimiento,
pedía una pena de 10 años de inhabilitación. Mientras tanto, los
letrados Antonio Choclán y Pablo Rodríguez Mourullo, abogados de Francisco Correa y Pablo Crespo, solicitaban que dicha inhabilitación se prolongara entre 17 y 15 años.
Sorprendentemente, los fiscales solicitaron la absolución del magistrado al entender que la intervención buscó evitar que la red
corrupta blanqueara capitales y alegar los antecedentes en casos ajenos al
terrorismo como el de la joven Marta del Castillo o el del ex abogado y
narcotraficante Pablo Vioque que también se "pincharon" las entrevistas entre presos y abogados.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, suspendido
cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, tiene abiertos otros
procedimientos en su contra. De un lado, la causa abierta por una
presunta prevaricación cometida al investigar los crímenes del
franquismo sin competencias y, de otro, el proceso por unos cobros que
habría podido recibir del Banco del Santander y otras entidades por
organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.
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